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Todo depende del color con el que se mire

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Las opiniones con las que los ciudadanos y, principalmente, los medios de comunicación construyen la realidad son frágiles y poco duraderas. Al construir un marco de referencia hacia un hecho o un personaje público, las personas ponemos en valor no sólo nuestro razonamiento (ya sea propio o adquirido por la influencia de las opiniones de los medios), sino también todos nuestros mecanismos de defensa, que no se encuentran en el lado racional de nuestro cerebro, sino que gravitan en ese magma (para muchos políticos incomprensible) que se denomina emociones y sentimientos. La ideología, por ejemplo, o el sentido de pertenencia (la comunidad), son más poderosos que las columnas de opinión de los medios que según ellos reflejan la verdad.

Durante casi siete semanas, la gobernabilidad de la Región de Murcia se ha hecho espacio en las noticias con la misma presencia que las tristísimas matanzas en Siria o las incompresibles órdenes ejecutivas de Trump. Una gobernabilidad que se manejó con el telón de fondo de las posiciones maximalistas de unos y otros sobre cuándo es preciso o necesario abandonar un cargo público por delitos de corrupción. La tesis de exigir apartar a un cargo público desde el momento de la imputación de un delito, sin esperar a la instrucción judicial, ha sido una de lasposiciones extremas de esa escala; la otra, obviamente, ha sido la de la condena en firme del acusado para que éste cese en su cargo. Y en medio, la existencia de evidencias sólidas, la apertura de juicio oral, etcétera.

Este capítulo que creíamos superado en la Región tras la dimisión de Pedro Antonio, 45 días después de ser imputado y al borde de ser removido mediante una moción de censura, lo vamos a retomar en horas, una vez que finalice el Bando de la Huerta. Se reanudan las negociaciones entre Ciudadanos y el Partido Popular para que el primero apruebe el nombramiento del nuevo presidente regional propuesto por el recientemente dimitido. Una negociación que carece de valor y muestra una vez más que el denominado partido de la regeneración no lo es. Mientras Pedro Antonio siga ocupando el cargo de representante en la Asamblea, las condiciones de regeneración no se cumplirán, pacten lo que pacten ahora tirios y troyanos, o dadas las fechas, moros y cristianos.

Pero esto, que podría ser la verdad absoluta de quienes les escribe, y que podría dar fe de formar parte de su religión cívica, carece de valor, porque como comentaba al principio de este artículo, las opiniones son mutables, frágiles y regidas por marcos en los que el raciocinio es habitualmente nublado por las emociones y sentimientos.

En octubre de 2014 (Barómetro de Otoño II del CEMOP), cuando todavía no había estallado de pleno el denominado caso auditorio, que podría afectar al entonces Consejero de Educación y Universidades, Pedro Antonio Sánchez, los murcianos y murcianas respondían mayoritariamente (siete de cada diez) que los cargos públicos imputados en causas judiciales deberían dimitir de manera inmediata. Sólo uno de cada diez creía que no deberían dimitir hasta que no se iniciase el procedimiento de juicio oral, y dos de cada diez opinaban que no deberían dimitir hasta que no hubiera una sentencia condenatoria. Eran entonces unas opiniones en la antesala del escándalo que se movían más en el ámbito del deber ser, de los correcto políticamente, de la verdad instruida por los medios, sin asociar su respuesta a un caso o personaje concreto.

Sin embargo, en abril de 2017 (Barómetro de Primavera I del CPAUM), ya instalados en pleno escándalo y con una referencia clara y no difusa como en 2014, los murcianos y murcianas variaron ostensiblemente su opinión. Sólo cinco de cada diez encuestados opinaban que los cargos públicos imputados en causas judiciales deberían dimitir de manera inmediata. Uno de cada diez creía que no deberían dimitir hasta que no se iniciase el procedimiento de juicio oral, y cuatro de cada diez opinaban que no deberían dimitir hasta que no hubiera una sentencia firme condenatoria. En menos de tres años, y contra todo pronóstico, debido a toda la corrupción que había llovido en España y a la cual programas de televisión, por no decir cadenas enteras, se habían dedicado en cuerpo y alma, en Murcia perdía fuerza la tesis de los partidos regeneracionistas y ganaba más peso la tesis de los partidos más conservadores.

Y es que una posición racional pierde fuerza cuando lo que expresamos queda tamizado por nuestra ideología, por nuestro sentido de la pertenencia, por lo que es sentir mayoritario en nuestra comunidad. En 2017 la expresión de la mitad de los murcianos y murcianas se alineó claramente con la posición que mantenía su Presidente. Su tesis fue mayoritaria, al menos para sus votantes y simpatizantes. Casi seis de cada diez votantes de Pedro Antonio en 2015 mantenían en abril de 2017 que no dimitiera hasta que no fuese condenado, y uno de cada diez hasta que al menos no se abriera juicio oral. No estábamos ya ante una hipótesis de qué se debe hacer, sino ante una realidad concreta. En 2014, todavía moviéndonos en un marco hipotético, las opiniones eran justo las contrarias: seis de cada diez votantes del PP en 2011 opinaban en 2014 que los imputados/investigados deberían dimitir inmediatamente.

Lo dicho. No hay una verdad absoluta cuando pedimos que el público opine. Las opiniones del público no pueden ni deben ser la ley. Ni siquiera podemos asegurarnos que, de acuerdo a lo establecido, opinen lo mejor, lo políticamente correcto. Las emociones, los sentimientos, las adhesiones, los colores, las tradiciones, pesan y es bueno que pesen. El debate sobre los límites para ejercer un cargo lo tienen que marcar las leyes, nuestra Constitución y todos sus desarrollos, nacionales y autonómicos, no el debate estéril entre partidos en contextos acotados, porque si no pasará como en Murcia, que lo que no le vale a Ciudadanos para que Pedro Antonio fuese Presidente, si le vale para que se mantenga como Diputado.

 

Dr. Ismael Crespo Martínez

Catedrático de Ciencia Política

@IsmaelCrespo_

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